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Pedidos de CAME tras promulgación ley Solidaridad y Reactivación

CAME manifestó sus consideraciones sobre la misma a través de una misiva enviada al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacando los aspectos positivos para las micro, pequeñas y medianas empresas como el régimen de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social

Nacionales Prensa CAME
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Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informamos que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 58/2019 publicada en una edición extraordinaria del Boletín Oficial, promulgó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva (Ley 27.541) que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020, y delega facultades al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas. 

Al respecto, CAME manifestó sus consideraciones sobre la misma a través de una misiva enviada al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacando los aspectos positivos para las micro, pequeñas y medianas empresas como el régimen de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social; la segmentación del esquema de derechos de exportación para pequeños productores agropecuarios; las modificaciones introducidas en el esquema de las contribuciones patronales a la Seguridad Social, y el freno a la eliminación de los beneficios regionales del Decreto 814/01. 

Asimismo, expresamos nuestra preocupación en cuestiones que atañen al sector frente a la adversa situación económica que atraviesan como el pago de doble indemnización por despido y la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para disponer incrementos salariales obligatorios; y solicitamos que la moratoria impositiva vaya acompañada por medidas adicionales tendientes a lograr el saneamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como también una especial consideración en el marco del impuesto PAIS. 

Respecto a la suspensión del Consenso Fiscal, solicitamos el acompañamiento del Gobierno Nacional para apelar a la responsabilidad de los gobiernos provinciales respecto de la necesidad de no incrementar la presión impositiva sobre las MiPymes.

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